
Recibir una carta de expulsión de España o una notificación de deportación es una de las situaciones más delicadas para cualquier persona extranjera. Si está pasando por este proceso, es esencial contar con el apoyo inmediato de un abogado especializado en extranjería. En nuestro despacho de abogados en Murcia defendemos los derechos de las personas frente a procedimientos de expulsión y deportación en España, gestionando recursos y alegaciones para evitar que dichas medidas se ejecuten.
Un expediente de expulsión es un procedimiento administrativo que la Administración española inicia contra una persona extranjera cuando considera que ha infringido la normativa de extranjería. Puede derivar en una orden de expulsión o, en algunos casos, en una deportación de España. Estas medidas están reguladas por la Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento, pudiendo implicar una prohibición de entrada al espacio Schengen entre 3 y 10 años.
Existen diversas vías legales para quitar una orden de expulsión, dependiendo del origen de la medida y la situación personal del afectado:
Un expediente de expulsión no ejecutado puede llegar a caducar. En muchos casos, las órdenes que no se han cumplido en un plazo aproximado de cinco años pueden cancelarse formalmente. Esto elimina del registro policial el sello de deportación en España y permite al extranjero solicitar permisos o visados en el futuro.
Contar con abogados de extranjería especializados es clave ante cualquier procedimiento de deportación en España. Nuestros expertos se encargan de presentar recursos, alegaciones, suspensiones cautelares y todo tipo de solicitudes para proteger su derecho a residir en el país de manera legal y segura.
Puede comprobar si tiene una orden de expulsión activa acudiendo a la Oficina de Extranjería, a la Comisaría de Policía Local o a través de una consulta oficial al Ministerio del Interior. Si ha recibido una notificación o carta de expulsión, en ella se indicarán la autoridad que la dictó y los motivos.
Debe actuar de inmediato. El plazo para presentar alegaciones o recursos legales es muy corto —hasta 48 horas o 10 días hábiles según el caso—. No responder a tiempo puede hacer que la orden de deportación se ejecute. Un abogado en extranjería podrá iniciar acciones urgentes y paralizar el procedimiento.
El plazo puede variar mucho. Si el extranjero se encuentra en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), la deportación puede producirse en días. Si se siguen procedimientos administrativos no urgentes, la ejecución puede tardar semanas o incluso meses, especialmente si se interponen recursos judiciales.
Por regla general, una orden o carta de expulsión caduca a los cinco años si no ha sido ejecutada. Sin embargo, este plazo puede variar. Es fundamental que un abogado especializado solicite la cancelación oficial y asegure que no permanezca activa en los sistemas de control migratorio.
Si un extranjero es condenado por un delito grave, el juez puede sustituir la pena de prisión por una expulsión judicial. Esto implica la deportación y prohibición de entrada al territorio español durante los años establecidos en la resolución. Sin embargo, esta medida puede recurrirse si existen vínculos familiares o arraigo en España.
En la mayoría de los casos, no. Si tiene hijos españoles o europeos, puede alegarse el derecho a la unidad familiar. También es posible solicitar un permiso de residencia por arraigo familiar o razones humanitarias. Los tribunales suelen considerar la expulsión como una medida desproporcionada cuando afecta al bienestar de menores.
La falta de documentación puede iniciar un expediente de expulsión, pero no siempre supone deportación inmediata. Los tribunales exigen valorar la situación personal, social y familiar del afectado antes de ejecutar la medida. Además, muchas personas pueden regularizar su estatus mediante arraigo social o residencia excepcional.
Si ha sido deportado de España, la orden suele incluir un periodo de prohibición de entrada que puede ir de 3 a 10 años. Una vez cumplido ese plazo, con la asistencia de un abogado, podrá solicitar un visado o autorización de residencia y regresar legalmente, siempre que se haya cancelado su registro en el sistema de prohibición de entrada Schengen.
Puede eliminarse a través de recursos administrativos o judiciales, o mediante regularización por arraigo o circunstancias humanitarias. Es fundamental revisar el expediente y actuar dentro de los plazos. Un abogado experto en extranjería podrá solicitar la suspensión, impugnación o anulación definitiva de la orden.
Si actualmente tiene abierto un expediente de expulsión, debe contactar inmediatamente con un abogado. En nuestro despacho de abogados de extranjería en Murcia revisamos su caso, presentamos recursos o alegaciones dentro del plazo y estudiamos la posibilidad de solicitar autorizaciones por arraigo o residencia humanitaria para detener el proceso.
En casos de expulsión o deportación en España, cada minuto cuenta. Actuamos con urgencia y profesionalidad para proteger sus derechos y garantizarle una defensa legal eficaz.
Solicite ahora su cita con nuestros abogados de extranjería en Murcia y estudiaremos su caso con detalle para ofrecerle la mejor estrategia legal posible.